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El
costo de los derechos humanos
Entrevista
con Digna Ochoa
Comisión
Civil Internacional de Observadores de Derechos Humanos
El
texto de esta entrevista realizada por la CCIODH a Digna Ochoa
(junto a Rafael Álvarez), en Septiembre de 1999, del
que ofrecemos una versión extractada, nos muestra el
talante humano y la valentía de estos luchadores por
los derechos humanos. Como es sabido, dos años después
Digna Ochoa fue cobardemente asesinada. Una víctima más
de las oscuras fuerzas represivas que, hasta hoy, permanecen
intactas e impunes. La voz de Digna en esta entrevista nos indica
por qué y por quiénes estaba luchando con todas
sus facultades, y a qué intereses se estaba enfrentando.
Rafael:
Estamos en el área jurídica del Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y yo soy Rafael
Álvarez, el Primer Visitador del Centro, y también
está Digna Ochoa. Los compañeros de la CCIODH
quieren saber la situación general del Centro, y la situación
de los derechos humanos en México. Como ya conocen, el
Centro se ha dedicado a la defensa y promoción de los
derechos humanos trabajando en diferentes áreas, y este
año hemos estado documentando diferentes campos. También
lo que nos ha tocado vivir muy cercano y más reciente,
es el ataque a defensores de derechos humanos. Es una situación
que no la vemos aislada, ni como algo exclusivo que nos ocurre
a nosotros, sino más bien ha sido una situación
que se ha ido agravando, de menos a más, y afectando
a varios compañeros de diferentes organizaciones de derechos
humanos.
Creemos
que la situación política en México ha
ido agravándose (...) Tenemos casos documentados de ataques
a defensores de Derechos Humanos de diferentes regiones del
país y creemos que ha sido bastante grave y sobre todo
habla mucho y dice mucho cuando estamos en un año preelectoral.
Creemos que se va agudizando y sobre todo va creando un precedente;
la intencionalidad es pues de acallar estas voces que denuncian,
tanto en el ámbito interno como en el internacional,
las violaciones y señalan directamente a las autoridades
responsables (...)
CCIODH:
Quisiera que me aclarara lo último que dijo, con respecto
a este año electoral. Nosotros hemos escuchado otras
opiniones, según las cuales durante el periodo electoral
se buscaría a dar una imagen, muy democrática
y muy abierta
Digna:
Si, yo creo que en cuestiones de discurso efectivamente se ha
tratado de manifestar este proceso de democracia en México,
en el que finalmente creen muchos, y en el que creo ha habido
un avance. Sin embargo, hay un doble discurso en este caso:
por un lado, se manejan estas elecciones preliminares para elegir
a los candidatos: por otro lado, empieza a haber una represión
a todo lo que significan líderes sociales, defensores
de Derechos Humanos, líderes de diferentes organizaciones
de la sociedad civil. Si esta situación empieza a manifestarse
desde este momento donde empieza a querer el partido sobre todo
oficial a querer imponerse y ganar las elecciones a toda costa,
cuando está viendo que hay una competencia bastante fuerte,
si creemos que el partido oficial, al quererse mantener en el
poder a toda costa va a tratar de liquidar e ir eliminando cabezas
de lo que significan los lideres (...)
Hay
algo de cotidiano en México: la fabricación de
culpables y de delitos. Para poder eliminar de alguna manera
lo que pueda significar concientización, movilización,
se trata de eliminar a los líderes, fabricándoles
algún delito, sembrándoles drogas, sembrándoles
armas, vinculándolos con grupos guerrilleros. Esto lo
intentaron hacer con el Centro Pro. Durante el último
interrogatorio que me hicieron, todo tuvo relación con
esto. Querían que dijera qué armas usamos, dónde
estaban las armas, los contactos con grupos guerrilleros, para
poder desacreditar nuestro trabajo. Todas son tácticas
del gobierno para eliminar o quitarle credibilidad a un grupo.
CCIODH:
¿Cómo evolucionó la situación desde
el año pasado, cuando vino por primera vez la CCIODH?
.
Rafael:
En ese momento ya la comisión alertó sobre algunos
signos muy preocupantes de la situación política
en México. Creemos que ahora la situación es más
grave, porque hay un período electoral, que hace que
existan vacíos de poder. Se dice que en el sistema político
mexicano el último año de gobierno de cada presidente
ya no gobierna este presidente, sino su sucesor, y hay también
una disputa dentro de la clase dominante, por estos puestos
de poder. Un problema muy importante que nosotros observamos
es el desarrollo de la lógica contrainsurgente, donde
están participando el ejército, las policías
y una policía que se acaba de crear: la Policía
Federal Preventiva, que tiene muy escaso fundamento jurídico,
su participación no es legal, pero ahora trata de sobreponerse
encima de los municipios, de los Estados y de la autoridad de
cada Estado. Hay una lógica contrainsurgente, porque
se trata de atacar a los grupos armados, pero desde una concepción
de seguridad nacional.
Se
dice que el enemigo de la soberanía es un enemigo interno;
entonces cualquier periodista, misionero, indígena organizado,
defensor de Derechos Humanos está viéndose como
sospechoso. Los militares y policías que han sido adiestrados
en la lucha contrainsurgente, tanto en EU como por los asesores
que están aquí en México (de Argentina,
de Israel, de Chile), ellos están convencidos de que
hay que acabar con los grupos insurgentes de esta manera, dicen:
"Los guerrilleros se mueven como peces en el agua"
así que lo que tenemos que hacer es quitarle el agua
al pez. Se habla de una guerra irregular. Ellos se preparan
para un enfrentamiento con los guerrilleros, sino contra la
población civil, que es la que está sufriendo
todas estas consecuencias. El problema que estamos observando
es el ataque, no solo en Chiapas, también en Guerrero,
en Oaxaca, contra las comunidades civiles que están fuera
del conflicto. No es contra un grupo armado en particular, no
es el EZLN, el EPR o el ERPI; sino que es contra cualquier ciudadanía
que pudiera servir de cobertura a estos organismos armados.
A nosotros, como grupo de Defensa de Derechos Humanos nos ven
como parte de esta cobertura de grupos armados, como parte del
conflicto, y por eso tratan de atacar nuestro trabajo. Hay una
situación de descomposición, de incertidumbre
en cuanto que hay vacíos de poder, y una creciente participación
de miembros de las Fuerzas Armadas en tareas de civiles, de
seguridad pública, de investigación policíaca,
de detención. Es inconstitucional, ellos no están
capacitados legalmente para hacerlo. Otro problema de este ultimo
año es que ha habido un cambio muy fuerte de las leyes,
en donde se restringen los derechos humanos, las garantías
individuales están siendo limitadas, el argumento es
la lucha contra el crimen organizado.
Hay
un endurecimiento de la ley y un cambio del marco jurídico.
De un año para acá, muchas cosas antes ilegales
son hoy legales. Según nosotros, como los funcionarios
públicos no han podido adaptar su comportamiento a la
ley, lo que hicieron fue adaptar la ley a su conducta. Esto
hace que desde el punto de vista jurídico nosotros tengamos
muchas limitaciones para la defensa de prisioneros de conciencia
y políticos. De esto se ocupa Digna, por eso la han atacado,
incluso intentaron asesinarla. Esta lógica de contrainsurgencia
que está imperando, nos muestra signos de una guerra
sucia, en donde los organismos civiles somos parte de lo que
es considerado el enemigo.
Digna:
Esto ha sido algo estratégico y diseñado por el
gobierno, tomando en cuenta que la mayoría del Congreso
es del partido oficial, entonces han ido haciendo todas las
reformas para crear las condiciones que impidan que ellos puedan
ser denunciados por grupos de derechos humanos. Han ido endureciendo
las leyes, restringiendo derechos, van preparando un escenario
que los grupos de Derechos Humanos vamos a denunciar: las detenciones,
las torturas, las incursiones, todos estos hechos violatorios
claramente de DERECHOS HUMANOS. Están transformando todo
el marco jurídico, desde la constitución, el amparo,
los códigos penales.
Rafael:
También esta la tendencia a criminalizar la disidencia
política. Personas que se han salido del partido oficial,
o misioneros extranjeros en zonas indígenas, periodistas...,
son tratados como delincuentes. Esto nos habla de un escenario
en donde los focos más vulnerables son las organizaciones
campesinas, indígenas, en zonas rurales, y es una violencia
que se ha venido extendiendo no solamente en el sureste, sino
también en otras zonas del país.
(...)
Digna: la gente tiene miedo de plantear denuncias, y aparte
las autoridades civiles se niegan a recibir estas denuncias
de los grupos denunciantes. Si la denuncia llega es turnada
al ministerio jurídico militar, cuando son ellos los
responsables de las violaciones. Por todo esto ninguna averiguación
hasta el momento ha prosperado. El mismo ministerio militar
dice que no hay elementos suficientes. Lógico, ellos
no van a evidenciar las violaciones de su propio personal, y
así no va a prosperar ninguna denuncia. Esto ocurre en
Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, son los militares los responsables
de hechos violatorios y se quedan en total impunidad.
CCIODH:
¿ Cuál es la actividad concreta de las asociaciones
oficiales de DERECHOS HUMANOS?
Digna:
Hay una comisión estatal de derechos humanos. Desgraciadamente
no tiene ninguna independencia. Responde más que nada
a intereses políticos, tienen muchas restricciones y
se dedicaron a defender algunas garantías individuales
más que los derechos humanos en general. Su participación
es muy pobre y poco comprometida. De hecho hasta ahora no tenemos
recomendaciones de la CNDH con relación a acciones del
ejército, a violaciones de derechos humanos del ejército
en Chiapas. Tenemos algunos casos aislados, como el de El Bosque,
pero donde no se ve clara la responsabilidad del ejército,
responden a los intereses creados del mismo gobierno.
Rafael:
En el caso del ejército, según la ley, la CNDH
y las comisiones estatales de derechos humanos deben guardar
confidencialidad de las denuncias, y la gente que acude a ellos
se cree que esto les va a proteger de próximas agresiones.
Pero lo que ha hecho la CNDH ha sido pasar el expediente, tal
cual al Ejército, de esta manera las personas que hacen
la denuncia no tienen ninguna protección.
Esto
rompe con la confidencialidad que es una obligación de
la CNDH. La CNDH está siendo cómplice y encubriendo
al ejército, avisándole que le están acusando.
Ha habido casos en que la persona que acusa a un miembro del
ejército después es convocada por un tribunal
militar. Esto no es legal, y lo hacen como medida de presión
para que la gente desista. Digna asistió el caso de unas
mujeres que pusieron una denuncia por violación sexual
contra miembros del ejército
Digna:
Este grupo de mujeres documentó varios casos de violaciones
de derechos humanos contra mujeres en Chiapas. Cuando, después
de un año de haber presentado la queja, la CNDH empieza
a citar a las mujeres, los mismos miembros de esta CNDH exigen
el nombre del violador, el numero de matrícula, a qué
batallón pertenece. Aquí se ve que se están
encubriendo unos a otros. Entonces, si los que pretenden defender
los derechos humanos tienen esta actitud, qué se puede
esperar de los mismos cuerpos policíacos. Esta queja
lleva ya dos años y no ha prosperado. Cualquiera sabe
que un violador no se identifica. Por supuesto que esta queja
no ha prosperado. Aquí se ve clara la complicidad y el
encubrimiento que practica esta CNDH, sobre todo con los militares.
La Secretaria de Defensa Nacional ha sido un sector que el gobierno
ha tratado de mantener intocable.
Recientemente
el mismo nuevo Presidente de la CNDH declaraba que no va a haber
intocables, aquí está reconociendo que si los
ha habido, y nosotros llevamos mucho tiempo denunciándolo.
Por parte de esta CNDH ha faltado realmente la voluntad de investigar
y hacer recomendaciones a la Secretaria General de la Defensa,
y reconociendo las violaciones de los derechos humanos.
Algo
que molestó mucho a los militares fue la defensa que
efectuamos como Centro de algunos miembros de las Fuerzas Armadas.
Esto fue en diciembre pasado, cuando un comando patriótico
exigió el respeto a sus propios derechos humanos y laborales.
El ejército trata de eliminar a este grupo disidente
de la Secretaria, deteniendo, incomunicando, torturando psicológicamente
a este grupo. Nosotros interponemos los amparos. Nadie podía
verlos, ni sus abogados, ni sus familiares. Salimos en defensa
de estos militares. Esto causa molestia en la misma Secretaria.
Exigimos a la CNDH de intervenir en esto, porque a nosotros
no nos reconocen personalidad. El mismo Procurador militar dice
que lo único que ellos reconocen es la CNDH. Queremos
aprovechar este reconocimiento aparente de los militares, pero
esta se niega a asumir su papel. Cuando nosotros exigimos que
vayan a verificar el estado real en que se encuentran estos
militares, los de la CNDH nos dicen: Es que no nos han permitido
entrar a ver a los presos. Nosotros les pedimos que insistan,
porque es su obligación, y la obligación suya
verificar el estado de estas personas.
Tuvimos
más casos. Asumimos la defensa de un exmilitar, que como
la Secretaria de Defensa no le pudo fincar estos delitos y juzgarlo
en procesos militares, porque había sido dado de baja
antes del surgimiento de este comando patriótico, trata
de fincarle otros delitos, y sobre todo tratan de ver la violación
a derechos de autor, revelación de secretos, y lo que
resulte. Nosotros asumimos la defensa de este exmilitar, diciendo
que no se tipifican los delitos por los cuales está siendo
procesado. La Secretaria de Defensa lo acusa de revelar un manual
de guerra irregular. Primero, para que se tipifique el delito
debería de haber sido confidencial. El documento dice
que es confidencial, pero antes de que esta persona haga una
critica a un articulo de ese manual, este manual ya estaba en
un medio de comunicación. Segundo, nunca hizo una publicación
literal de un articulo, siempre reconoció la autoría
de la Secretaria de la Defensa Nacional, que era lo que peleaba
la Secretaria de la Defensa. Entonces, no se tipificaba el delito.
Cuando acudimos a la Audiencia, y pedimos que comparezca el
Secretario de la Defensa Nacional, el Director de la Escuela
Superior de Guerra, y altos mandos del ejército para
demostrar que ese manual es de ellos y que lo dan a todos sus
estudiantes, primero hay una negación y una reticencia
por parte de la Procuraduría General de la Republica
a aceptar esas peticiones. Tratan de persuadirme: Mire, eso
no lo pida, no le conviene (...) Para que el juicio no prosperara
consiguieron cerrar la averiguación previa. Es que están
en riesgo sus propios intereses, pues se evidenciaban las irregularidades
y las responsabilidades, ya que ese manual habla de la creación
y aprovechamiento de los grupos paramilitares. Nosotros decimos
que los grupos paramilitares han tenido el apoyo de diferentes
cuerpos policíacos del Estado, a nivel Federal, y sobre
todo, del Ejército La secretaria de Defensa consigue
cerrar el caso para evitar de verse involucrada. Tenemos otros
casos donde los mismos militares se niegan a aceptarnos las
denuncias.
El
ejército se niega a que tengamos acceso a sus instalaciones,
a entrar a una agencia del Ministerio Publico Militar, a recibirnos
los documentos, a acordarnos las peticiones que hemos hecho;
es decir, obstaculizan todo lo que indique y que vaya a llevar
alguna responsabilidad de los militares, con hechos en relación
con los derechos humanos. Este tipo de acciones, y sobre todo,
insistencia y exigencia por parte del Centro y hacia la Secretaria
de la Defensa, ha sido uno de los elementos y, de bastante peso,
para que ellos se sientan atacados, ya que les estamos tocando
intereses, que hasta este momento eran intocables.
CCIODH:
¿Nos pueden hablar del tema de las expulsiones?, parece
que ha habido incluso personas donde se declaró su expulsión
no procedente
Rafael:
Ha habido un viraje dramático en la política exterior
de México: México era considerado como un país
de refugio y de asilo político, que promovía la
autodeterminación de los pueblos, la no-intervención.
Desde el exilio de la guerra civil española, luego vinieron
los refugiados chilenos, los argentinos, los centroamericanos...
Pero en los últimos años, después del conflicto
en Chiapas, hay un doble estándar para los extranjeros
en México. Aquellos que vienen como financieros, inversionistas,
especuladores de la Banca, son bienvenidos; pero los que vienen
como periodistas, como misioneros, como observadores de Derechos
Humanos o miembros de organismos humanitarios, son vistos como
sospechosos y tratados como delincuentes. Ha habido un cambio
en la legislación, y un viraje en esta política,
para criminalizar a extranjeros vinculados a grupos de la sociedad
civil y para impedir su trabajo. Ahora han inventado una nueva
forma migratoria, la FM3, para los observadores de derechos
humanos. Su objetivo político era obstaculizar el trabajo
de los defensores de derechos humanos. Llevamos el caso de doce
compañeros detenidos el 12 de abril, y expulsados casi
de inmediato el año pasado, en donde había una
orden de suspensión provisional de la expulsión
por parte de una jueza, y la policía migratoria, desobedeciendo
esa orden judicial, ejecutó la expulsión, con
el aval de las embajadas de los respectivos países. Aquí
pudimos demostrar la ilegalidad con que ellos proceden. Está
también el caso de Tom Hansen.
Digna:
Durante este proceso, una de las pruebas que nosotros ofrecemos
ante el tribunal es esta ilegalidad en que se basa la autoridad
migratoria para la expulsión. El fundamento es una circular,
a la que se le está dando mayor importancia que a la
Constitución. Declaramos el acto inconstitucional. Primero,
están violando un amparo concedido por una juez; segundo,
no se puede anteponer una circular a un articulo de la constitución.
Luego nos conceden una inspección ocular en las oficinas
de Gobernación. Esto era inaudito. Cuando allí
fuimos no nos dejaron entrar. Luego argumentaron que nosotros
no estuvimos presentes, pues no nos dijeron el lugar exacto
donde esto se llevaría a cabo, y estuvimos esperando
en otra sala. Al final el magistrado que lleva la causa nos
niega el amparo. En el caso de Tom Hansen llevó el caso
una abogada amiga, Bárbara Zamora. Ella gana el amparo,
pero Gobernación dicta una nueva orden de expulsión.
Los magistrados se quedan tranquilos y aceptan esta nueva orden
de expulsión. Este proceso ha durado más de un
año. Lo que quiere Gobernación es que la gente
se canse y abandone, porque están proponiendo de reanudar
otra vez este proceso que ya ha durado mas de un año,
dentro de un año y medio tendríamos la misma resolución,
y luego podrían dictar una nueva orden de aprehensión.
Aquí vemos que el poder ejecutivo está por encima
de una resolución judicial, y no debería permitirse
esto. La defensa va a interponer un recurso jurídico.
Desgraciadamente no hay una verdadera independencia de poderes,
hay supeditación del judicial al ejecutivo
CCIODH:
¿Conocen ustedes la cantidad de militares presentes en
Chiapas?
Rafael:
En México hay tres temas que no se pueden tocar: el Presidente,
el Ejército y la Virgen de Guadalupe. Incluso diputados
y senadores han preguntado al Ejército cuantos militares
hay en Chiapas, y no lo han querido decir. Esta situación
es muy grave porque nos habla de la supeditación del
poder legislativo al poder ejecutivo. No se sabe, pero nosotros
calculamos 60.000, por lo menos. Están en movimiento
permanentemente. Hay gente de Chiapas que ha estado estudiando
en la Escuela de las Américas, en EU; los hay que después
de estar un tiempo en Chiapas se han movido a Guerrero a Oaxaca,
también hay militares bilingües, que conocen la
región y la lengua de los habitantes. En el ejército
hablan de guerra de movimientos y guerra de posiciones. Nos
preocupa mucho que la cooperación con el ejército
de EU está avanzando muy rápidamente, sin pasar
por los Congresos respectivos. Desde hace muchos años
conocemos la iniciativa de EU de crear una sola fuerza armada
para toda la región, y esta cooperación en la
lucha contra las drogas y en la lucha contrainsurgente está
avanzando en equipo, armamento, entrenamiento, trabajo ideológico.
En la historia de México y la de América Latina
el ejército de los EU ha sido la principal amenaza contra
la soberanía nacional. Este cambio de papeles nos preocupa
mucho.
En
cuanto a los desplazados, unos días antes del masacre
de Acteal, eso fue el 22 de diciembre, el 8 y el 15 de diciembre,
por parte de la red se tuvo entrevistas con el Gobernador de
Chiapas y con el Procurador. Ambos negaron la existencia de
grupos paramilitares. El procurador decía que si existían,
pero como eran clandestinos no sabían dónde estaban.
Y el Gobernador de plano decía que no existían.
Nosotros les advertimos que podía ser peligroso porque
podían provocar una gran violencia. La existencia de
grupos paramilitares ha sido un tema muy polémico. El
Gobierno ha aceptado que existen grupos civiles armados, pero
dice que son de diferente signo, del partido oficial y por parte
de la oposición. Él quiere justificar la violencia
como un conflicto intercomunitario. Después de la masacre
de Acteal y de la toma del ejército de muchas comunidades,
ha habido miles de desplazados. Simplemente en Polhó
contamos unos 8000, que "voluntariamente" han salido
de sus comunidades. Eso ha provocado un problema de miseria,
de hambre, de enfermedad, de muerte para miles de indígenas
en Chiapas. Algunos miembros de organismos civiles como servicio
"Paz y Justicia", Pietro Ameglio, habla de una guerra
de exterminio étnico, por las condiciones de estos desplazamientos.
Algunos de estos desplazamientos tienen una orientación
provisional, otros son más definitivos. Hablando con
Lourdes Toussaint, de Caritas de San Cristóbal, ella
me contaba su preocupación, decía que durante
un tiempo podían tener alimento, ¿pero después?
La presencia del ejército y de los grupos paramilitares
ha alterado los ciclos de cultivo, ha arrasado los cafetales
que tardan años en dar fruto, son miles de personas sin
trabajo, sin alimento, y muchas veces la ayuda asistencial del
Gobierno se utiliza para dividir a las comunidades.
El
ejército es la principal institución que lleva
alimento a estas regiones. Las comunidades se dividen porque
mucha gente no quiere ayuda del ejército, otros la aceptan
porque es la única forma de obtener alimentos. Se trata
de darle una imagen al Ejército como que son los que
llevan el bienestar a la comunidad.
Digna:
Con respecto a los retenes, cuando les interesa que no se vean,
desaparecen inmediatamente, por un lado. Por otro, cabe señalar
todo el daño que han causado: las expulsiones, los robos
de las pocas pertenencias. Hay comunidades completamente arrasadas
y desaparecidas. El ejército destruye sus casas miserables,
luego instala sus campamentos. Si uno llega no se puede imaginar
que allí hubo una comunidad, y es muy difícil
tener un registro de cuantas personas allí vivían,
además sabiendo que las mujeres tienen muchos hijos.
Otra manera de dividir ha sido el apoyo a personas claramente
identificadas como miembros o simpatizantes del partido oficial.
Llegan con apoyos de láminas, agua, alimentos. Se le
da mayor cantidad a unas personas que a otras y eso va creando
conflictos. Así el Gobierno puede decir que los problemas
son internos. Así ocurrió en el caso de Acteal,
ellos dijeron que se trataba de problemas internos. Ellos están
tratando de provocar este supuesto conflicto, organizando a
los grupos paramilitares
En
el caso de los desplazados, es una situación muy desesperante
para la gente. Para ellos es difícil tener el acceso
para hacer una denuncia; muchas denuncias no son admitidas,
o no tienen la libertad de tránsito. Las comunidades
están en total desamparo, lo único que pueden
hacer para salvar su vida es irse al monte. Es muy difícil
luego obtener los testimonios de estos desplazados. Hay muchas
comunidades, y sobre todo pequeñas comunidades, que simplemente
desaparecen, y no tenemos más rastro de ellas.
CCIODH:
¿Nos podéis hablar del papel de la Cruz Roja Mexicana?
¿Cuántos miembros tiene el ejército mexicano
en su globalidad y el papel de Ejército en construcción
de carreteras? ¿Qué está pasando en la
comunidad de Amador Hernández?
Rafael:
La Cruz Roja mexicana ha cumplido un papel muy subordinado a
los intereses políticos del Gobierno... La neutralidad
que debe tener la Cruz Roja ha sido bastante manipulada por
una cuestión de imagen. Por ejemplo, la Cruz Roja Internacional,
que para nosotros es mucho más confiable, ha tenido muchas
más dificultades para actuar en la región. Ha
sido presionada de muchas maneras para salir, está volviendo
los últimos meses al terreno... Creemos que es muy importante
la presencia de la Cruz Roja Internacional, y de la Cruz Roja
Mexicana tenemos bastantes dudas sobre su imparcialidad. Ha
habido muchos escándalos, malversación de fondos
por colectas publicas, y también sobre la presunta imparcialidad
en su trabajo, y lo que obtiene la Cruz Roja como ayuda humanitaria,
lo distribuye a través del ejército. Así
ya no es imparcial, sobre todo en una situación de guerra.
La
gente del Gobierno les dirá que en Chiapas se ha invertido
mucho dinero en gasto social y en infraestructura. Eso es cierto,
pero toda la infraestructura que se ha creado en Chiapas, sobre
todo en carreteras, ha sido desde una estrategia militar, de
ocupación, para que en dos horas máximo, se pueda
llegar a cualquier comunidad indígena, y así tener
el control de estas comunidades. El caso de Amador es muy grave,
porque lo que ellos trataban de hacer a través de esta
carretera era el poder llegar a la retaguardia estratégica
del EZLN, y hacer como dice Clinton, una operación quirúrgica.
Donde
se rodea una región, se dice que han muerto 15, pudieron
ser 5000, y nadie se va a enterar. Esto si, el plan de obras
públicas tiene una finalidad político-militar,
de poder transportar helicópteros, tanques, armamento,
en el menor tiempo posible. Y para eso crear una infraestructura.
También dividir a las comunidades a través de
las carreteras, crear conflictos, y con relación a las
elecciones del año que viene, está el proyecto
de remunicipalización, de crear nuevos municipios para
agrupar todos los municipios en las regiones donde la mayoría
es a favor del partido oficial, frente a otro que sea de oposición,
y así poder crear enfrentamientos entre ellos. Ha habido
un gasto público muy importante, ha habido incluso fondos
del Banco Mundial que han venido a dar a los grupos paramilitares,
con la cobertura de ONG de desarrollo. Estos recursos han servido
a los grupos paramilitares para comprar armas, y si se habla
de una gran inversión en infraestructura que es cierta,
y que no es en absoluto la voluntad de las comunidades, no se
ha escuchado la voluntad de la comunidad, sino que se trata
de una decisión autoritaria, unilateral, y que en muchos
casos se hace en contra de la voluntad de las mismas comunidades.
En el caso de Amador fue muy claro: era el ejército el
que protegía a la compañía constructora.
Los indígenas preguntaban: ¿porqué están
ustedes aquí? Porque lo pidió la compañía
constructora. ¿Y desde cuándo el ejército
obedece a una compañía privada? Ahí se
ve la complicidad entre la constructora, el ejército
y el Gobierno Federal dentro de este plan contrainsurgente.
Con respecto a la pregunta del número de soldados en
Chiapas, actualmente no tenemos un dato exacto, pero se calcula
que 2/3 partes del Ejército Mexicano están en
Chiapas.
Digna:
Hemos estado bastante atentos a los observadores extranjeros,
en el caso de que fueran citados, aconsejándoles que
es lo que debían hacer. Porque se van creando precedentes,
estamos acumulando elementos para poder intervenir en un momento
dado jurídicamente. Estamos recomendando la interposición
de los amparos en el caso de que sean citados, porque a veces
les piden de abandonar el país en poco tiempo.
Lo
que ustedes saquen como informe, como denuncias, eso ya es un
gran apoyo para la situación de la defensa de las comunidades.
Al Gobierno mexicano no le importa lo que digamos los mexicanos
dentro de nuestro territorio; lo que más le duele es
lo que se dice fuera de nuestras fronteras. El hecho de poder
hacer una documentación, una difusión de la situación
real, eso puede ayudar mucho a tratar de dar algunas soluciones
a la problemática que estamos viviendo. Por otra parte,
si ustedes pueden acudir a sus respectivos gobiernos, para informarles
de lo que vieron aquí, eso es muy importante.
CCIODH:
No habéis hablado de presos políticos, ¿los
hay?
Digna:
Si, sobre todo últimamente ha ido como acrecentándose
el número de presos. Últimamente ha surgido todo
esto de la fabricación de delitos y la fabricación
de culpables. . Cuando un grupo comienza a fortalecerse y empieza
a destacar algún líder, lo que hace el Gobierno
es encontrarle algún delito a este líder, como
narcotráfico, o porte de armas, o rebelión. Luego
el primer mecanismo es la aplicación de tortura, para
obligar a la persona a firmar declaraciones auto inculpatorias,
o inculpatorias hacia otros. De acuerdo con estas primeras declaraciones
trata de fundamentarse todo un proceso irregular, a veces dictando
sentencias bastante altas. A este tipo de reclusos tratan de
recluirlos en reclusorios de alta seguridad, de muy difícil
acceso. Así están violando el derecho de defensa,
el de un debido proceso, y más aún violando los
derechos de una persona, como defensores o como familiares.
Para poder entrar a algunos reclusorios federales, piden que
se desnude el abogado o la abogada, sobre todo si son miembros
de organizaciones de DERECHOS HUMANOS. Lo que se pretende es
obstaculizar el trabajo de la defensa, sobre todo el querer
vincular al abogado con las causas, hecho totalmente ilegal.
Son pocos los abogados que se involucran en este tipo de defensas,
porque saben que el riesgo político, el de su integridad
y de su vida privada es grande. Por un lado, la vida de los
abogados que llevan la defensa de los presos políticos
es difícil: por otro lado, la vida que llevan los presos
políticos es de bastante represión, para ellos
y para sus familiares. Hay como un distanciamiento de todo el
mundo hacia ellos. Se va acrecentando este tipo de presos independientemente
de que el Gobierno no los reconozca como tales, al vincularlos
simplemente a grupos guerrilleros. Tratan de desacreditar el
trabajo de defensa o de liderazgo que se lleva en una determinada
organización. Ahora tenemos el caso de un líder
campesino de Guerrero. Ellos se organizaron contra una tala
inmoderada de bosques desde hace como cuatro años. Ellos
integran una asociación ecologista. Allí estaban
algunos caciques, el gobernador, diferentes autoridades, una
empresa americana de tráfico de madera. Entonces empieza
la tala inmoderada del bosque que empieza a afectar directamente
a las comunidades, algunos arroyos empiezan a desaparecer, las
mujeres protestan porque tienen que ir a lavar mas lejos, y
los lideres empiezan a denunciar y a concienciar a la gente.
Lo que hace el Gobierno es pedir que les siembren armas y drogas,
luego los acusan de pertenecer al EPR, les ponen propaganda
de partidos políticos de oposición, y finalmente
los encarcelan. Y como se trata de un preso político,
el poder judicial empieza a obstaculizar el trabajo de la defensa.
Primero ofrecemos pruebas que creemos que son procedentes, y
que están fundamentadas en los códigos, y lo que
hace el juez es rechazarnos todo esto. En la primera declaración
que logramos tener de comparecencia de los militares, porque
son los militares quienes efectúan la detención
de estas personas, hacen un allanamiento en la comunidad, los
torturan, los tienen incomunicados, los llevan a un campo militar
por siete días, entonces pedimos interrogar a los militares.
Durante el interrogatorio logramos que se evidencie la participación
de los militares en las detenciones ilegales, los cateos ilegales,
la detención prolongada, las torturas y, sobre todo,
el que fueron militares quienes los obligan a firmar, quienes
ponen abogados defensores, personas de la confianza de los militares,
y no de los detenidos. Todo esto se evidencia en una primera
audiencia. Luego nosotros ofrecemos mas pruebas de que intentan
legalizar sus acciones violatorias. Cuando pedimos que estas
personas comparezcan, el juez lo que hace es desechar todo esto
sin ningún fundamento jurídico. Así es
como tratan de obstaculizar la defensa directa de un líder
y de un preso político. En este caso hay un gran interés
de asociaciones ecologistas que denuncian todas estas irregularidades.
Este tipo de presos está limitado en todos los aspectos:
les han fabricado los delitos, amenazan a la gente que va a
comparecer como testigos de descargo; así tienen miedo
de bajar (son doce horas de viaje hasta la comunidad donde encuentran
un transporte), ellos temen por su vida y por la de su familia,
por lo que no comparecen a las audiencias
CCIODH:
¿Nos puedes contar lo que te paso a ti? ¿Quién
te molestó?
Digna:
Ya quisiera yo saber quien me molestó, pero por el tipo
de personas, nosotros decimos: o inteligencia militar, la policía
federal preventiva, la PGR o el CS. Probablemente uno de estos
grupos. Primero, porque tienen toda una infraestructura, son
profesionales, y está la gradualidad de las agresiones.
El 9 de agosto me asaltan y me tienen secuestrada 4 horas. Quise
verlo como un delito común, y yo no tenia ningún
elemento para identificar a las personas. Pero a partir del
3 de agosto nos llegan unas amenazas por el correo ordinario,
venia una muy directa hacia el director del Centro y otra hacia
mí, venía aquí una tarjeta que me habían
robado el 9 de agosto. Venía una tarjeta con una cruz
como la de las esquelas. Aquí se ve la vinculación
y lo denunciamos como tal. El 9 de septiembre vuelven a llegar
otras amenazas, que vienen en sobres, pero ya estaban depositadas
dentro de nuestras instalaciones, bajo unas macetas. Esto quiere
decir que las personas que nos amenazan tienen acceso a nuestras
instalaciones. El 14 de septiembre llegan otras amenazas que
son depositadas en el cajón de la recepcionista. Nos
empiezan a cortar la luz, empieza a fallarnos el teléfono,
tenemos problemas con las computadoras, con el correo electrónico,
hay llamadas a diferentes domicilios de compañeros. Nosotros
seguimos con nuestro trabajo. Luego llegan otras amenazas. El
5 de septiembre, estando yo en mi domicilio, encuentro mi credencial
de elector, con mi domicilio anterior. Y el 9 de octubre llega
una amenaza de bomba, dentro del área jurídica.
El 14 de octubre aparecen ejecutados dos de los policías
encargados de proteger el Centro. Curiosamente las amenazas
nos llegan coincidiendo con el regreso de viajes a Guerrero.
El 28 de octubre, cuando yo llego a mi casa, a eso de las ocho
y media de la noche, sentí algo raro, revise la casa,
no vi nada, y a eso de las diez de la noche, un tipo me cubre
la boca con algo, pierdo el conocimiento inmediatamente, y rápido
me somete. Cuando yo reacciono estaba dentro de mi casa, amarrada
y con los ojos vendados. Así me tienen durante 9 horas,
interrogándome, preguntándome dónde trabajo,
qué hace el Centro, cuántas áreas hay.
Que cuantos miembros hay en cada área, y qué hace
cada persona, con quién vive, si tiene hijos, si tiene
armas, dónde las tiene, dónde aprendimos a manejar
armas. Luego me leen una lista de nombres para ver si los conozco,
cuáles son los contactos con el EZLN, con el EPR, o con
los del ERPI. Luego me dan fotos de campesinos para que los
identifique, y yo no conocía a nadie. Finalmente, a eso
de las 7:30 de la mañana, me cambian de cuarto, me llevan
a la recámara, me amarran bien los pies y las manos.
En mi casa tengo tres tanques de gas de 20 Kg y abren el gas.
Me cierran la puerta. No creo que me quisieran matar porque
pude desatar mis manos, no estaban bien amarradas. Luego apago
el tanque, abro la puerta, e intento llamar por teléfono.
El cable del teléfono de la casa estaba cortado; entonces
utilizo el celular y advierto al Centro. Algunos vinieron a
mi casa muy rápido. Luego llegan los judiciales, y lo
revisaron todo
Yo
pienso que podría ser inteligencia militar, por varias
razones. Entre ellas porque los últimos tiempos hemos
estado trabajando, insistiendo en la integración de averiguaciones,
y que se les finque la responsabilidad de los hechos que han
estado cometiendo. Presumo que pudiese venir de allí.
Desgraciadamente no tenemos ninguna prueba que dé un
indicio claro para poder señalarlo abiertamente. Esto
nos limita muchísimo. Nosotros decimos que a quien le
toca investigar es a la autoridad; nosotros no tenemos la capacidad
de llevar una investigación. Diversas autoridades, como
la PGR, han dicho: "Mi gente no es", cuando sabemos
que no tienen un control real de toda la gente, cuando vemos
que están involucrados en muchos hechos delictivos, de
delitos comunes, y sobre todo en casos de delincuencia organizada,
donde están participando diversos cuerpos policíacos.
Gobernación también ha dicho: "Mi gente no
es". Ninguno va a reconocer que es su gente; sería
muy ingenuo el pensar que, por ejemplo, Gobernación diga
que es la Policía Federal Preventiva. Aunque lo llegaran
a saber, no lo van a reconocer, porque esto seria evidenciarse
claramente, sobre todo cuando están teniendo una presión
muy fuerte por todos los medios, pidiendo el esclarecimiento
de los hechos. Tenemos la esperanza de que un día esto
llegue a clarificarse, sobre todo para fincarle la responsabilidad
a los actores de estos hechos.
CCIODH:
¿Tenéis conocimiento de otros hechos similares
contra otros defensores de derechos humanos?
Digna:
Ha habido diferentes casos y se han manejado diferentes técnicas.
El 28 fue allanado el Centro, cuando llegan los compañeros
el 29, encuentran abierto el Centro, todos los escritorios del
área jurídica fueron revueltos. La misma noche
del 28 de octubre fue allanada mi casa, fui interrogada y fue
allanado el Centro. Dejaron un mensaje claro sobre uno de los
escritorios que decía: "Poder suicida", que
es una frase que está en una de las amenazas. Hay diferentes
compañeros que trabajan en diferentes asociaciones de
derechos humanos, por ejemplo de Guerrero, que son amenazados.
Es como que las amenazas obedecen a un patrón, o por
teléfono, o por escrito, o directamente, o a través
de personas desconocidas. La detención, sin justificación,
tratando de generar una intimidación, por parte de los
militares. Tenemos casos en Platchinola, en el estado de Guerrero,
o de los compañeros de Tepeyac, en Oaxaca; tenemos el
caso de Consuelo, de Monterrey, compañeros que por estar
denunciando hechos concretos empiezan a ser amenazados. Decimos,
pues, que el hecho de las amenazas al Centro no es un hecho
aislado, sino que se suma a esta campaña de desprestigio,
de amenazas, de intimidación por parte del mismo Gobierno,
sobre todo a los grupos que tratan de responder ante hechos
graves de violaciones de derechos humanos. A nosotros nos preocupa
que esto se vaya cada vez acrecentando (...)
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